Desde hace meses la educación ha pasado
a ocupar cabeceras en los periódicos de nuestro país, ¿significa esto que este
asunto se ha convertido en motivo central de un debate a fondo y en una preocupación
genuina de la sociedad?
La respuesta, desgraciadamente, es
negativa; de hecho las razones por las que aparece “bajo foco” son ahora, como
en la mayor parte de las ocasiones anteriores, episódicas –los exabruptos del
ministro Wert– o circunstanciales (pese a su importancia) –los
recortes.
Las
razones profundas del fracaso de la educación en nuestro país apenas se abordan
y, en cualquier caso, quedan aplastadas por el ruido generado por esas dos
Españas que dirimen a “garrotazos y descalificaciones” o con cambios
continuados de las leyes educativas sus diferencias. Permanece, así, en la
sombra lo sustancial.
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Pese a los casi cuarenta años de democracia hay una
serie de contenciosos que no hemos sido capaces de superar y entre ellos se
encuentra el de la articulación de un sistema educativo consensuado: ¿cuales
son las razones de esta incapacidad que parece congénita? ¿con qué escollo
topamos una y otra vez?
Una mirada retrospectiva quizás nos ayude a entender
el asunto.
El tránsito de la Dictadura a la democracia fue
producto de un pacto entre los poderes fácticos de la Dictadura y las
emergentes organizaciones de la oposición antifranquista y, como todo pacto,
exigió concesiones mutuas –¡también en educación!
Conviene recordar que durante cuarenta años la Iglesia
recibió, por su apoyo decisivo al Alzamiento y posterior Cruzada, un trato de
favor y privilegio considerables y que a ella se le encomendó un papel esencial
en la educación –esta sí, de adoctrinamiento profundo– de las élites del país.
Las distintas órdenes religiosas se convirtieron, así, en patronales del sector
hasta el punto de considerar la educación como esfera de su patrimonio.
El ascenso del partido socialista al poder fue
esencial para iniciar el paso a la modernidad que nuestro país necesitaba y a
esa tarea se dedicó, con éxito en muchos casos y con algún que otro fracaso en
otros –los claroscuros son propios de toda acción humana, mucho más en la
política, y claroscuros encontramos en el asunto que nos ocupa: la educación.
La Iglesia, consciente de la pérdida de la hegemonía
de la que había disfrutado durante la Dictadura y sin hacer ningún acto de
contricción por ello, comenzó a jugar sus cartas y pasó a abanderar –¡se
necesita cinismo!– la defensa de la libertad de enseñanza; amparada por los
infames Acuerdos con la Santa Sede y protegida por un sector apreciable de una
población de flaca memoria y de una derecha escasamente laica, consiguió una
cuota apreciable de control educativo a través de los conciertos de los centros
privados y el mantenimiento del estatus privilegiado de la Religión en el
currículo educativo general.
La ideología católica permaneció, así, enquistada en
la estructura del sistema educativo y la laicidad perdió la batalla no sólo en
este ámbito sino, también, en el espacio civil –¿tiene, acaso, sentido esa
omnipresencia de símbolos religiosos en las tomas de posesión de los cargos
políticos, la ocupación reiterada de las zonas públicas por procesiones y demás
rituales católicos o la inevitable participación de curas en las aperturas e
inauguraciones de obras civiles?– y, al igual que en las “guerras de trincheras”,
ocupada una posición, no es sencillo desalojarla.
De ahí que todos los intentos por modificar el statu quo sean presentados a la
sociedad, por aquellos que son el ejemplo más palmario de ideologización, como
ideológicos –su defensa de la adoctrinadora asignatura de Religión en la
escuela y su oposición a asignaturas como Educación
para la Ciudadanía o Ciencias para el
Mundo Contemporáneo son claras muestras de esta actitud.
El claro respaldo del ministro Wert a la Iglesia en
estos temas resulta inquietante y parece augurar no sólo un debilitamiento de
la laicidad en la escuela sino una ofensiva religiosa, ¡claramente ideológica!,
para recuperar o ampliar zonas de influencia.
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